La Justicia fija plazo al Gobierno para poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad
En una nueva pulseada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, la Justicia federal intimó al Estado nacional a poner en plena ejecución la Ley de Emergencia en Discapacidad antes del 4 de febrero próximo, según una resolución dictada este martes por el juez Adrián González Charvay
El fallo, emitido en plena feria judicial, ordena al Gobierno acreditar en cinco días el avance de los trámites tendientes a cumplir con la sentencia que declara vigente la normativa. Además, advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.
González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, fundamentó la fecha límite en los plazos legales que exige la propia ley para su reglamentación, tomando como punto de partida el 18 de diciembre de 2025, cuando la Cámara Federal concedió un recurso de apelación con efecto devolutivo.
El origen del conflicto se remonta a diciembre, cuando el Ejecutivo apeló un fallo que había declarado invalido el artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que el Gobierno había suspendido la aplicación de la ley argumentando falta de financiamiento. Esa suspensión fue considerada inconstitucional por la Justicia, que ordenó la aplicación inmediata de la norma.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y destinada a garantizar derechos básicos como salud, educación y rehabilitación para personas con discapacidad, quedó en un limbo judicial y político tras la suspensión y la apelación del Ejecutivo, que ahora enfrenta un plazo perentorio para demostrar avances.
La causa, que tiene alcance colectivo, será ahora revisada por la Cámara Federal de San Martín, que debe resolver sobre la apelación presentada por el Estado. Hasta tanto, el juez ordenó que la ley de emergencia debe ser cumplida.
Organizaciones civiles y sectores vinculados a la discapacidad habían reclamado desde hace meses la aplicación efectiva de la norma, advirtiendo el agravamiento de la situación de miles de personas por la falta de actualización de prestaciones y apoyos esenciales.
Por : María Lorena Belotti
